Mientras el Gobierno presume de solidaridad y progreso, las cifras oficiales revelan una realidad muy distinta: la nacionalización masiva de ciudadanos marroquíes se ha convertido en una nueva herramienta electoral del PSOE. Lo que antes era un proceso de integración pausado hoy parece una estrategia para compensar la pérdida del voto español con un electorado nuevo, más dócil y agradecido.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, más de 250 000 extranjeros obtuvieron la nacionalidad española en 2024, y de ellos casi 43 000 eran marroquíes, el grupo más numeroso con diferencia. El año anterior ya habían sido más de 54.000, lo que suma cerca de 100.000 marroquíes nacionalizados en apenas dos años. Nunca antes se habían concedido tantas nacionalidades ni con tanta rapidez.
Si a estos datos sumamos los años anteriores (2019-2022), la cifra total de marroquíes que han obtenido la nacionalidad durante los gobiernos de Pedro Sánchez supera los 270.000 contando la posible cifra de 50.000 que, siguiendo la media de los últimos años, habrían sido nacionalizados este 2025.
Para el PSOE, cada nueva nacionalización magrebí, supone un votante potencial, pues una vez convertidos en ciudadanos españoles, los recién llegados pueden participar en todas las elecciones, incluidas las generales. Por eso, el Gobierno facilita trámites, elimina esperas y amplía dispensas en los exámenes de idioma o de integración. Todo ello ocurre en un momento en que la izquierda española pierde apoyo entre los trabajadores, las clases medias y los jóvenes, cada vez más desencantados con su gestión. La ecuación es simple: cuanto menos respaldo nacional, mayor interés en fabricar voto extranjero.
A esto se suma el amplio abanico de ayudas sociales al que pueden acceder. El Ingreso Mínimo Vital, las pensiones no contributivas, las subvenciones municipales o los bonos de vivienda y energía están disponibles para todos ellos. No son ayudas ilegales, pero sí un mecanismo de fidelización política: el Gobierno reparte dinero público entre colectivos recién incorporados al censo mientras aumenta la presión fiscal sobre quienes lo financian. Más dependencia del Estado significa menos cultura del esfuerzo y un voto agradecido a quien garantiza la paga.
Mientras tanto, los autónomos, pensionistas y trabajadores españoles ven cómo suben los impuestos, los precios y se reducen los servicios esenciales. Las ayudas prometidas a las familias españolas se pierden entre la burocracia mientras el Estado agiliza los procesos para quienes llegan de fuera. No es xenofobia, es sentido común: una nación que no protege primero a los suyos se descompone desde dentro.
España siempre fue tierra de acogida, pero también de identidad firme. Hoy, bajo el gobierno de Sánchez, esa identidad se diluye a base de decretos, nacionalizaciones exprés y una visión globalista que prefiere nuevos votantes a nuevos trabajadores. El país que levantaron generaciones de españoles con esfuerzo y sacrificio se está transformando en un laboratorio político donde la nacionalidad se concede con la misma facilidad con que se promete una subvención.
La consecuencia más grave de esta política no es solo electoral, sino cultural. Al acelerar la nacionalización de ciudadanos procedentes de Marruecos, el Gobierno está favoreciendo una transformación silenciosa del país. La llegada masiva de población musulmana sin un verdadero plan de integración está cambiando costumbres, barrios y hasta la forma de entender la convivencia. No se trata de religión, sino de identidad: España corre el riesgo de diluir sus raíces cristianas, su cultura y su modo de vida frente a un islam cada vez más visible y organizado, amparado por la pasividad del Estado. Lo que Sánchez presenta como “diversidad” está derivando, en realidad, en una invasión demográfica y cultural que puede alterar para siempre la esencia de nuestra nación.
La nacionalidad española no puede convertirse en una moneda de cambio electoral. Convertir la ciudadanía en herramienta de poder es una traición al pueblo. España necesita políticas migratorias responsables, integradoras y leales al interés nacional, no un mercado de votos financiado con dinero público.
Felipe Pinto
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