En aquellas horas críticas, el presidente autonómico Carlos Mazón estuvo desaparecido, el Ministerio competente no activó a tiempo los protocolos de emergencia, la Confederación Hidrográfica del Júcar no lanzó los avisos necesarios y el sistema de emergencias falló estrepitosamente. Cuando por fin el Gobierno decidió movilizar al Ejército, ya era demasiado tarde: el daño estaba hecho. Para colmo, se impidió la llegada de bomberos y equipos de rescate extranjeros que se ofrecieron voluntariamente a ayudar. Esa soberbia ideológica costó vidas.
La izquierda, que lleva décadas haciendo del ecologismo su bandera política, es la principal responsable de que España esté indefensa ante fenómenos que podrían haberse prevenido. En nombre de una falsa protección del medio ambiente, destruyeron pantanos, paralizaron trasvases y sabotearon el Plan Hidrológico Nacional. El ecologismo que predican no es defensa de la naturaleza, sino un instrumento ideológico al servicio de la Agenda 2030: una agenda que impone prohibiciones, destruye infraestructuras, encarece la vida y convierte a los ciudadanos en súbditos dependientes del Estado.
Pero sería un error atribuir toda la culpa a la izquierda. También la derecha tradicional, representada por el Partido Popular, es cómplice de este modelo fallido. Mazón y otros dirigentes del PP administran el sistema autonómico con la misma lógica que sus predecesores socialistas, sin atreverse a cuestionarlo ni a reclamar la devolución de competencias esenciales al Estado. Han asumido sin resistencia el lenguaje y los dogmas del progresismo: hablan de sostenibilidad, de resiliencia y de cooperación territorial, mientras las infraestructuras se hunden, los cauces se desbordan y los ciudadanos quedan desamparados.
El Estado de las Autonomías, lejos de acercar la administración al ciudadano, ha multiplicado los errores y ha diluido las responsabilidades. Cada vez que una catástrofe requiere coordinación, la burocracia regional convierte la urgencia en un laberinto. Lo que debería ser una respuesta nacional se transforma en una batalla de competencias y en un desfile de ruedas de prensa. España necesita recuperar un Estado fuerte, eficaz y responsable, capaz de actuar con rapidez y con autoridad cuando la nación lo exige.
Pedro Sánchez, en la cúspide de esta estructura fallida, ha demostrado que el cálculo político pesa más que la vida de los españoles. No declaró a tiempo la emergencia nacional, no coordinó las ayudas, no envió al Ejército hasta que la presión mediática fue insoportable. Su Gobierno prefirió proteger su imagen antes que proteger a los valencianos. Esa es la miseria moral del socialismo actual: la mentira convertida en método de gobierno.
Mientras tanto, los medios afines y los portavoces de la izquierda transformaron el dolor en propaganda, culpando al cambio climático o a la “España especuladora”, pero sin reconocer la responsabilidad de quienes desmantelaron los proyectos hidráulicos que habrían evitado esta tragedia. Es el mismo discurso victimista de siempre: manipular el sufrimiento ajeno para ocultar la propia incompetencia.
Frente a todo esto, VOX defiende una alternativa clara: derogar la Agenda 2030, recuperar un Plan Hidrológico Nacional que garantice el agua para todos los españoles, y recentralizar la gestión de emergencias, seguridad y recursos naturales bajo una autoridad estatal única. No se trata de ideología, sino de eficacia. No se trata de discursos, sino de hechos.
España necesita menos propaganda y más responsabilidad; menos pancartas y más planificación; menos política de escaparate y más gestión real. Y sobre todo, necesita dirigentes dispuestos a trabajar por su país, no a servirse de él.
Felipe Pinto
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