La Seguridad Social, convertida en una herramienta más del sanchismo, ha vuelto a demostrar que su prioridad no es proteger a quienes sostienen la economía real, sino exprimirlos hasta el límite y abandonarlos cuando caen. En 2025, el propio sistema ha denegado 8.300 prestaciones por cese de actividad a autónomos que habían solicitado una mínima red de seguridad tras cerrar sus negocios. Casi el 60% de las 14.133 solicitudes presentadas han sido rechazadas, una cifra escandalosa que certifica que el llamado paro de los autónomos es, en la práctica, una ficción propagandística.
Lejos de corregirse, la situación empeora año tras año. En 2024 el porcentaje de rechazos fue del 45% y ahora se dispara hasta niveles que rozan el fraude institucional. La principal excusa utilizada por la administración es la supuesta falta de acreditación del motivo del cese, un concepto deliberadamente ambiguo que permite a la Seguridad Social rechazar miles de solicitudes con total discrecionalidad, presumiendo culpabilidad, fraude o mala fe por parte del autónomo antes incluso de analizar su situación real.
Este sistema obliga a los trabajadores por cuenta propia a cotizar de forma obligatoria por una prestación que luego se les niega de manera masiva. Lo que debería ser una cobertura social se convierte así en un impuesto encubierto al fracaso, un castigo añadido a quienes ya han perdido su negocio, su inversión y, en muchos casos, su patrimonio personal, mientras el Estado se queda con el dinero sin ofrecer una contraprestación efectiva.
Las asociaciones de autónomos llevan tiempo denunciando esta situación. Señalan que el trato es claramente discriminatorio frente al de los asalariados, que acceden al desempleo con procedimientos automáticos y reglas claras, mientras los autónomos se enfrentan a un entramado burocrático diseñado para cansar, retrasar y finalmente denegar. Es una maquinaria administrativa que no protege, sino que sospecha, castiga y recauda.
El cinismo del sistema queda aún más en evidencia cuando se observa que solo una parte mínima de lo recaudado por esta contingencia se destina realmente a pagar prestaciones. Mientras tanto, cientos de millones de euros se acumulan en un fondo de reserva que supera los mil quinientos millones, dinero retenido mientras miles de autónomos quedan sin ingresos, sin ayuda y sin futuro inmediato. Una política que revela con crudeza las verdaderas prioridades del actual modelo socialista.
Este es el auténtico rostro del sanchismo económico. Un Estado hipertrofiado que asfixia al pequeño empresario, penaliza la iniciativa privada y utiliza a los autónomos como simples cajeros automáticos para financiar su estructura política e ideológica. Mientras predica protección social desde los despachos, la realidad es que quien crea empleo, asume riesgos y mantiene viva la economía productiva es tratado como sospechoso y prescindible.
Porque lo que subyace detrás de este modelo no es un fallo técnico ni una disfunción administrativa, sino una concepción profundamente socialista de la economía. Una visión que no ve al autónomo como creador de riqueza, sino como un recurso a exprimir hasta el último céntimo. El socialismo no impulsa la prosperidad, la parasita. No fomenta el esfuerzo, lo penaliza. No protege al que arriesga, lo utiliza como combustible fiscal para sostener un aparato político sobredimensionado.
Mientras el autónomo abre la persiana cada mañana, genera empleo, paga impuestos y sostiene la economía real de España, el Estado socialista responde con sospecha, burocracia y abandono. Esta es la verdadera lucha que se libra hoy en nuestro país: la del autónomo frente a un sistema que vive de su trabajo pero le niega derechos cuando cae. Y mientras no se rompa con este modelo de explotación ideológica, el mensaje seguirá siendo claro y devastador: en España crear riqueza está castigado, y fracasar bajo el socialismo no solo no tiene red, sino que tiene factura.
Felipe Pinto.
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