Lo que durante años se presentó como un problema técnico del sector energético ha terminado destapando una de las tramas de corrupción más graves, persistentes y costosas de las últimas décadas: el fraude masivo en el comercio de hidrocarburos. Una red perfectamente organizada que no solo aprovechó vacíos legales, sino que se desarrolló al amparo de un Estado que tenía información, herramientas y capacidad de intervención suficientes para frenarla… y no lo hizo.
La denominada trama del fuel no es un episodio menor ni una simple irregularidad empresarial. Se trata de un fraude sistemático y reiterado que ha provocado un agujero multimillonario en las arcas públicas, un saqueo directo al contribuyente y una distorsión profunda del mercado energético. Mientras millones de ciudadanos cumplían con sus obligaciones fiscales, una estructura opaca operaba con total tranquilidad.
El mecanismo era conocido y repetido: empresas pantalla creadas para importar y vender combustible sin ingresar el IVA correspondiente, acumulando deudas fiscales millonarias antes de desaparecer. Un carrusel de sociedades sin solvencia real que se reproducía una y otra vez. Nada de esto era invisible para la Administración. Las alertas existieron, los datos estaban disponibles y las advertencias internas fueron constantes.
El Ministerio de Hacienda no puede alegar desconocimiento. Los sistemas de control fiscal detectaron reiteradamente estas operativas irregulares. Hubo informes, avisos y señales suficientes para actuar. Sin embargo, la reacción fue tardía, insuficiente o inexistente. Esa inacción permitió que la trama creciera, se consolidara y multiplicara sus beneficios a costa del dinero público.
El Ministerio de Transportes, responsable de parte del control logístico y de la supervisión del sector, tampoco queda al margen. El combustible no se evapora: se transporta, se almacena y se distribuye. La circulación de grandes volúmenes de fuel gestionados por operadores sin solvencia real revela una dejación de funciones difícil de justificar desde cualquier punto de vista.
A ello se suma la responsabilidad del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo —con la denominación que tuviera en cada etapa— encargado de regular y autorizar a los operadores del sector energético. Licencias concedidas, autorizaciones renovadas y controles ineficaces permitieron que los mismos esquemas fraudulentos siguieran funcionando durante años sin interrupción.
Especialmente llamativo resulta el papel del Ministerio para la Transición Ecológica, siempre diligente a la hora de imponer nuevos impuestos, restricciones y obligaciones “verdes” a ciudadanos y empresas. Mientras se multiplicaban los discursos sobre fiscalidad justa, justicia social y sostenibilidad, una de las mayores tramas de fraude energético operaba sin obstáculos bajo la supervisión del propio Estado.
El resultado es devastador: miles de millones de euros perdidos, empresas honestas expulsadas del mercado por una competencia desleal imposible de soportar y una sensación creciente de que en España el fraude no se combate por su gravedad, sino según quién lo comete. El pequeño error se persigue con dureza; el gran fraude organizado se tolera durante años.
Este escándalo no es solo económico. Es institucional y político. Demuestra hasta qué punto el poder ha renunciado a su obligación de proteger el interés general. Cuando un Gobierno controla Hacienda, regula el sector, concede licencias, fija impuestos y dispone de todos los datos, la ignorancia no es una excusa posible.
La corrupción del fuel no es un accidente ni una anomalía del sistema: es el resultado directo de un Gobierno que ha convertido al Estado en un instrumento al servicio de intereses opacos, donde el control existe solo para el ciudadano corriente y desaparece cuando el fraude alcanza dimensiones millonarias.
Aquí no hubo ingenuidad ni falta de información. Hubo inacción consciente, pasividad política y una cadena de responsabilidades que asciende por los ministerios implicados hasta el corazón mismo del Ejecutivo. Cuando el Gobierno controla Hacienda, regula el sector, concede licencias, fija impuestos y dispone de todos los datos, no puede alegar ignorancia. Y cuando, aun así, no actúa, la omisión deja de ser técnica para convertirse en política.
Mientras se exprimía fiscalmente a autónomos, transportistas y pequeñas empresas; mientras se predicaba moral tributaria y se multiplicaban los discursos sobre justicia social y transición ecológica, una red de fraude operaba con tranquilidad bajo la cobertura del propio Estado. Esa doble vara de medir no es casual: es estructural.
Este Gobierno no falló en su obligación de vigilar. Eligió no hacerlo. Eligió mirar hacia otro lado mientras miles de millones desaparecían. Eligió proteger un sistema donde el poder no rinde cuentas y el contribuyente paga siempre la factura.
La trama de los hidrocarburos no retrata un error administrativo, sino una forma de gobernar: permisiva con el fraude organizado, implacable con el ciudadano común y blindada políticamente frente a cualquier exigencia de responsabilidades.
Y mientras el Ejecutivo siga parapetánsose en el silencio, en la opacidad y en la falta de explicaciones, esta corrupción no será una herencia incómoda del pasado, sino una responsabilidad directa del presente.
Porque aquí no hubo un fallo del sistema. El sistema fue puesto al servicio del fraude.
Felipe Pinto.
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