La regularización masiva de inmigrantes en situación ilegal anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez no es una política pública orientada al interés general. Es una maniobra política consciente, premeditada y profundamente irresponsable, diseñada para compensar la pérdida de apoyo electoral entre los ciudadanos españoles mediante la alteración del escenario demográfico y electoral futuro.
El Ejecutivo sabe que su proyecto está agotado. Sabe que amplias capas de la sociedad han dejado de confiar en su gestión, en su palabra y en su capacidad para gobernar con rigor. Y ante ese rechazo creciente, en lugar de rectificar, opta por cambiar las reglas del juego, utilizando la inmigración ilegal como instrumento político. No para ordenar, no para integrar, sino para obtener rédito electoral allí donde ya no lo consigue por la vía democrática ordinaria.
Esta regularización no responde a una emergencia humanitaria sobrevenida ni a un colapso administrativo inevitable. Responde a una decisión ideológica y electoralista: convertir el incumplimiento de la ley en una vía de acceso a derechos, enviando un mensaje demoledor tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. El mensaje es claro: entrar ilegalmente en España no solo no tiene consecuencias, sino que puede acabar teniendo recompensa.
Desde el punto de vista del Estado de Derecho, el daño es enorme. Una ley que no se cumple, o que se suspende selectivamente por conveniencia política, deja de ser ley para convertirse en propaganda. Y un Gobierno que normaliza esa práctica socava la seguridad jurídica, debilita la autoridad del Estado y rompe el principio de igualdad ante la ley.
El impacto social y económico tampoco es menor. Regularizar de golpe a cientos de miles de personas implica una presión directa e inmediata sobre la sanidad, la educación, la vivienda y el mercado laboral, en un país donde millones de españoles ya sufren servicios saturados, alquileres inasumibles y precariedad creciente. La pregunta es inevitable: ¿por qué el Gobierno prioriza esta medida mientras ignora sistemáticamente los problemas de sus propios ciudadanos?
La respuesta es incómoda, pero evidente. Porque esta regularización no está pensada para el presente, sino para el futuro electoral. Porque no busca cohesión social, sino crear una nueva bolsa de dependencia política, trasladando apoyos desde una ciudadanía crítica hacia colectivos cuyo estatus legal queda ligado a decisiones administrativas del poder. No es integración: es clientelismo a gran escala.
El recurso constante al argumento humanitario no puede ocultar esta realidad. La dignidad humana no es incompatible con el cumplimiento de la ley; lo incompatible con la democracia es utilizar esa dignidad como escudo moral para justificar decisiones que erosionan el sistema. La solidaridad sin control no es virtud, es irresponsabilidad. Y cuando esa irresponsabilidad se usa con fines electorales, se convierte en cinismo político.
Además, el precedente es extremadamente peligroso. Si la inmigración ilegal acaba siendo regularizada periódicamente, el efecto llamada no es una hipótesis ideológica, sino una consecuencia lógica. España pasa de ser un país con normas a ser un país con expectativas, donde la ley deja de disuadir y el cálculo político sustituye al interés nacional.
En definitiva, esta regularización masiva no es una solución al desafío migratorio. Es la constatación de que el Gobierno ha asumido que ya no gobierna para los españoles, sino que intenta perpetuarse redefiniendo el electorado ante su fracaso político. Y cuando un poder necesita cambiar a sus votantes en lugar de convencerlos, el problema deja de ser migratorio para convertirse en una seria degradación democrática.
Felipe Pinto.
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