Mientras el debate político gira en torno a nuevas regularizaciones, fórmulas de arraigo y concesiones migratorias, millones de españoles siguen esperando respuestas a sus problemas reales.
Esa es la cuestión que muchos intentan ocultar: antes que cualquier experimento ideológico o cálculo electoral, lo primero deberían ser los españoles.
● Primero los pensionistas que han cotizado toda una vida y contemplan con preocupación el futuro del sistema.
● Primero los jóvenes españoles que no pueden emanciparse porque la vivienda se ha convertido en un lujo inalcanzable.
● Primero las familias españolas trabajadoras que pagan impuestos cada vez más altos a cambio de servicios públicos saturados.
● Primero los autónomos y pequeños empresarios españoles que sostienen el empleo pese a la presión fiscal.
● Primero quienes llevan décadas levantando este país.
El Gobierno de Pedro Sánchez insiste en medidas centradas en facilitar permanencias, ampliar vías de regularización y presentar el arraigo como solución estructural y ningún país serio puede convertir la excepción en norma ni basar su política migratoria en parches continuos mientras descuida a su propia población.
Y lo más llamativo es que parte de la oposición aparenta discrepar, pero termina aceptando el mismo marco mental: discutir procedimientos, plazos o nombres jurídicos, sin atreverse a defender con claridad un principio elemental que muchos ciudadanos sí entienden: los recursos públicos son limitados y deben priorizar a los nacionales.
Españoles primero significa prioridad en empleo, vivienda pública, ayudas sociales, becas, plazas educativas, sanidad y protección social. Significa reconocer que los derechos construidos por generaciones de españoles no pueden tratarse como si hubieran surgido de la nada. Significa respetar a quienes han sostenido el sistema con su trabajo y sus impuestos.
También significa firmeza en seguridad y seguridad jurídica.
Si el Ejecutivo, a través de iniciativas impulsadas desde el entorno de los ministros Marlasca y Bolaños, promueve cambios que afecten a procesos de regularización de extranjeros inmersos en procedimientos penales o privados de libertad, la ciudadanía tiene derecho a exigir explicaciones claras, límites precisos y máximas garantías legales.
La política migratoria no puede generar dudas sobre si personas pendientes de resolución judicial podrían beneficiarse de ventajas administrativas antes de que los tribunales concluyan su trabajo.
En un Estado de derecho, el principio debe ser nítido: primero el cumplimiento de la ley, primero las resoluciones judiciales y primero la protección de los ciudadanos.
La inmigración ilegal no puede tener premio, y quien delinque debe responder con todas las consecuencias legales que correspondan.
España necesita fronteras eficaces, inmigración legal y ordenada, integración exigente y expulsión de delincuentes extranjeros condenados conforme a la ley.
España necesita orden, sentido común y valentía política. No más complejos. No más discursos vacíos. No más ciudadanos de segunda en su propio país. Una nación seria protege primero a los suyos. Y hoy la consigna más justa, más sensata y más urgente es clara: los españoles, primero.
Felipe Pinto.
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